La Coparmex aseguró que los ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación. Los gobiernos estatales del Estado de México y de San Luis Potosí recientemente enviaron propuestas de decretos a sus respectivos congresos para aumentar los impuestos en materia ambiental.
A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que los aumentos serían los siguientes:
En este contexto, Coparmex argumentó que los ingresos provenientes de estos pagos no fueron asignados adecuadamente a medidas de mitigación y que no se podía garantizar su uso para cumplir con estándares de transparencia y rendición de cuentas. Por esta razón, se ha sugerido que los beneficios ambientales y sociales no se pueden determinar y que el único propósito puede ser recaudar fondos. Esto se debe a que no se han mostrado los beneficios esperados de aplicar estos impuestos a ambos sujetos. Koparmex señaló que, si bien el impuesto propuesto no está asignado específicamente a leyes de ingresos o finanzas, el plan menciona los beneficios e impactos esperados en las poblaciones más vulnerables. Como resultado, están diseñados para promover un entorno saludable o promover bien la empresa, lo que debe distorsionarse al propósito inicial.
También señaló que es cierto que estos impuestos violan la ley federal, especialmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La ley estipula que los instrumentos económicos de carácter financiero deben contribuir al cumplimiento de los objetivos de la política medioambiental y no deben establecerse exclusivamente con el fin de recaudar impuestos de conformidad con el artículo 22, apartado 2. Coparmex, si bien garantiza que sus miembros implementen medidas de economía circular y reducción de emisiones, advirtió que los nuevos impuestos desalentarían la inversión nacional y extranjera, reducirían el atractivo del país y reducirían las oportunidades de reubicación de empresas. Cerca de.
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