Los sectores de la construcción, el de seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta podrían ser los más afectados.

Para la construcción, el riesgo es que se detengan las obras. Esto pasará con las empresas que no tengan el REPSE, las cuales se verán obligadas a absorber los costos de que sus servicios y facturas no puedan ser deducibles por sus clientes.

En las empresas de seguridad privada, solamente una de cada tres ha terminado el registro. De nuevo, esto significa que sus clientes no podrán deducir sus servicios, lo que aumentará sus costos.

Persisten dudas

La Coparmex también lamentó que el gobierno federal no quisiera dar otra prórroga a la reforma. Hay que recordar que desde abril antes de que se aprobaba la reforma, la Coparmex pidió a las autoridades que la entrada en vigor para la IP fuera en enero de 2022, como es el caso para el sector público.

El organismo señaló que los últimos datos oficiales muestran que 106 mil empresas iniciaron el trámite de inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). De ellas, solamente 48 mil lo han obtenido.

Además, llamó la atención sobre las dudas en la interpretación de la ley que todavía existen. Hasta el momento, la duda más importante ha sido sobre lo que significa poner trabajadores a disposición de otra persona.

Por último, la Coparmex dijo que seguirá insistiendo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que homologue el plazo al 1 de enero de 2022. Con esto, la Coparmex espera que se evite la pérdida de empleos y los golpes a la economía.